Porque puede ir preso

Cuatro causas judiciales apremian al ex presidente del Banco Central, Martín Redrado. Su turbulenta salida del cargo, y la polémica que conllevó esa dilatada determinación tienen como resultado una abultada agenda judicial por delante. La Procuración General, el Gobierno, el abogado Eduardo Barcesat y un funcionario de la entidad bancaria que el ex “golden boy” presidía recurrieron a la Justicia, y la movida puede terminar con el ex funcionario tras las rejas.
La primera causa es por “incumplimiento de deberes de funcionario público”. Esta denuncia fue efectuada por el ex procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, quien renunció a su función la semana pasada luego de declarar ante la Comisión Bicameral que analiza la remoción de Redrado. En su lugar asumió Joaquín Da Rocha.

La denuncia contra el “golden boy” fue por su actitud “remisa” a liberar los fondos para el pago de la deuda, lo que el Gobierno encuadra dentro de esa figura penal. El caso recayó en el juzgado del juez Norberto Oyarbide, quien le dio curso rápidamente.

La segunda causa es “delitos cambiarios”. En este caso cumplió un factor determinante la verborragia del ex presidente del Central, quien declaró a “Clarín” poseer una lista con “los amigos del poder” que compraron dólares con información reservada sobre los movimientos de la entidad bancaria madre.

Luego se desdijo, y negó haber dicho lo que el periodista tenía guardado en su grabador digital, y que salió publicado. “Tengo las listas específicas de los amigos del poder que cambiaron dólares”, dijo Redrado. Cuando se desdijo, era tarde: semejante declaración provocó la reacción del oficialismo. El secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, planteó que el ex funcionario “conoció o participó de delitos cambiarios”. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, lo acusó de “encubrir o coaccionar”. El caso también recayó en el despacho de Oyarbide.

OTROS FRENTES. Pero ésas no son las únicas denuncias que deberá afrontar el ex titular del Central desde el llano. Es que Marcos Moiseeff, funcionario del BCRA, lo denunció por “abuso de poder”. El denunciante había sido ascendido tras la expulsión de Redrado al cargo de subgerente de Legales. Cuando el presidente retornó a su cargo merced a la medida cautelar de la jueza María José Sarmiento, una de las decisiones que tomó fue desplazar a Moiseeff de su flamante cargo y devolverlo a su categoría laboral anterior. En este caso, se lo acusó de “abuso de poder”. De todas maneras, Moiseeff presentó un nuevo escrito en el que minimizó lo acontecido. Pero el hecho existió, y el dolor de cabeza para Redrado existe.

En tanto, el abogado Eduardo Barcesat también se subió a la oleada de denuncias contra Redrado. En este caso, no es un hecho menor, ya que se lo acusa de “malversación de caudales públicos en concurso con enriquecimiento ilícito”, una causa cuyo destino inexorable es la cárcel. Un informe del directorio del BCRA le adjudica gastos irregulares por 154 millones de pesos. En esta millonada extra se encuentran 150 mil pesos destinados a funciones de títeres, 40 mil para un taller de actuación, 9.400 para un taller de yoga, 6.500 por clases de tango y de folclore. El actor Daniel Miglioranza fue contratado por el Banco para crear y coordinar talleres de expresión. También para hacer charlas abiertas, que tenían un costo de 3 mil pesos; 6 mil cada espectáculo, reveló el diario “Página 12”. El sueldo del actor era de 10 mil pesos mensuales. La denuncia recayó en el juzgado del juez Claudio Bonadío, quien comenzó a investigar esta semana, cuando se levantó el receso por la feria judicial.