Este 16 de noviembre pasará a la historia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió no dar lugar a un pedido de Sergio Gustavo González, uno de los asesinos del fotógrafo José Luis Cabezas. González fue quien acompañó, junto con el otro miembro de la banda de Los Hornos, Horacio Anselmo Braga, en la amenaza y los golpes que le dieron a José Luis a la hora de secuestrarlo en la puerta de su casa en Pinamar. De ahí lo subieron al auto que la revista Noticias nos había alquilado para cubrir la temporada de ese verano de 1997 en el balneario top de la Costa argentina. Ellos dos, González y Braga, con un arma en la mano apuntándole a José Luis, siguieron a otro auto, el Fiat Uno que conducía el policía Gustavo Prellezo –y donde iban los otros dos “horneros”, José Luis Auge y Miguel Retana-hasta la cava en un descampado de General Madariaga donde el oficial de la Bonaerense descerrajó los dos tiros que pusieron fin a la vida de este reportero gráfico que amaba su profesión y que amaba justamente la vida. Luego quemaron su cuerpo en el interior del vehículo, aquella madrugada del 25 de enero.
Según pudo probar la Justicia, el crimen habría sido ordenado por el enigmático multimillonario Alfredo Yabrán. Su jefe de custodio, Gregorio Ríos fue quien junto a él figura como el instigador del asesinato. El policía Prellezo (ex número dos de la comisaría de Pinamar) llevó a los “horneros” para que lo ayuden en la empresa asesina. Y contaron con el apoyo de otros dos policías locales, Sergio Cammarata y Aníbal Luna en la logística para cometer el crimen. Todo eso con una cobertura de impunidad especial: la zona liberada decretada por el comisario Alberto Pedro Gómez, el número uno del destacamento policial local. Hay sospechas de que otros custodios de Yabrán podrían haber participado del asesinato, como también otros uniformados de Pinamar, pero la Justicia aún no ha podido probarlo.
Lo concreto es que por primera vez la máxima autoridad judicial del país le dijo “no” a un recurso de forma que había planteado la defensa de Sergio Gustavo González, a través de su mediático y oneroso abogado Fernando Burlando. La intentona se había consustanciando con un pedido que habían hecho los abogados de Ríos –que aún no ha sido resuelto- y que apela más a una cuestión de forma que de fondo: pareciera que ya no queda mucho margen para discutir quiénes son los asesinos de Cabezas.
Antes de esto, un largo camino judicial fue el que se transitó. Desde aquellas detenciones de estos implicados el 9 de abril de 1997 hasta esta decisión de la Corte Suprema de la Nación, pasaron las prisiones preventivas de los asesinos dictadas por el juez de Dolores José Luis Macchi, el fallo del Tribunal Oral de esa localidad que condenó a penas de prisión y reclusión perpetua a todos ellos, una polémica resolución de la Sala II de la Cámara de Casación bonaerense que morigeró las penas y el fallo del Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires ratificando la sentencia original. Ahora llega esta definición de la Corte nacional, avalando en cierta medida este sentido. O sea, haciendo Justicia.
Mientras, sólo algunos de los condenados están presos. El pasado 24 de septiembre otra Sala de la Cámara de Casación bonaerense ratificó la reclusión perpetua del ejecutor de José Luis, el policía Prellezo. El 13 de febrero la Corte provincial hizo lo mismo con la prisión perpetua del comisario Gómez. Son los únicos dos que se han mantenido en prisión desde que fueron condenados. El “hornero” Miguel Retana murió en la cárcel, víctima de una enfermedad. Y sus otros dos secuaces –además de González- José Luis Auge y Horacio Anselmo Braga habían logrado salir de prisión en 2004 y 2005, pero fueron nuevamente detenidos cuando en 2007 violaron las condiciones de arresto domiciliario. Ahora, rechazado este recurso por la Corte Suprema, González debería volver tras las rejas, lugar del que no debería haber salido por varios años más.
En tanto, los otros dos policías, Aníbal Luna y Sergio Cammarata, deambulan por sus pagos costeros y el ex jefe de custodio Yabrán, Gregorio Ríos, ya goza de un régimen de libertad total. Todo gracias a aquel fallo de la Sala I de Casación bonaerense y pese a la condena a prisión y reclusión perpetua ratificada más tarde por el máximo tribunal de la provincia.
Este paso dado por la Corte Suprema de la Nación es un poco de aire fresco que ojalá se convierta en un vendaval de Justicia que arrase con la impunidad. En definitiva, que llegue la Justicia Suprema, sin necesidad de apelar a las convicciones religiosas.
* Ex compañero de José Luis Cabezas en la revista Noticias.