Jorge Giles
Las barriadas más humildes están de fiesta. Y los niños están entre los más contentos.
Es apenas una reparación, dijo la Presidenta cuando anunció el decreto que “establece una Asignación Universal por Hijo para Protección Social, destinado a aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la República Argentina, que no tengan otra asignación familiar prevista por la presente ley y pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal”.
Así reza el artículo 1 de este decreto presidencial que incorpora el inciso c) a la Ley 24.714.
Pero a la par del festejo, es preciso hacer docencia militante, cuadra por cuadra, casa por casa, para entender el profundo significado de la medida anunciada y desmontar las tristes infamias de las minorías opositoras. Allá vamos.
1. La historia dice que es la medida de mayor impacto social positivo después de las instauradas por los primeros dos gobiernos de Juan Domingo Perón en adelante. Ello es fruto de la universalidad en el alcance. Es decir, no habrá trabajador, cualquiera su condición laboral, desocupado o informal, que deje de percibir esta asignación. No queda nadie afuera.
2. Seguramente no elimine la pobreza, pero sí dará combate frontal a la indigencia, que es la peor, la mayor y la más dolorosa de todas las pobrezas. El referente social comunitario, Juan Carr, opinó que quizás ahora se esté más cerca de alcanzar la meta del hambre cero para los argentinos.
3. La asignación de 180 pesos por hijo va acompañada por la garantía de la inclusión en el sistema educativo y el de salud pública. Vale decir que no expresa un concepto meramente asistencialista, donde el Estado actúa como un dador pasivo de una suma fija. La asignación está comprendida en la cosmovisión que sólo otorga el trabajo decente y digno y su consecuencia inmediata, la inclusión social integral de la ciudadanía en sus distintas franjas etarias.
4. La fuente y el sostén económico de los 10 mil millones de pesos que demandará el otorgamiento de este derecho universal, provendrán de la renta derivada del ahorro de los trabajadores, administrados por la ANSES. Usted escuchará en estos días la maliciosa campaña opositora y mediática que indica que “le están sacando la plata a los jubilados”. Claro, como ellos lo hicieron en épocas de Menem y de De la Rúa con la quita del 13 % en los haberes jubilatorios, cometen el acto fallido del ladrón que cree que todos son de su misma condición. Es el ahorro de los trabajadores que vuelve a los trabajadores y se comparte solidariamente con los hermanos que mas precisan.
5. Esos 10 mil millones se volcarán a su vez al consumo interno, a la demanda de bienes básicos, al estímulo de nuevos empleos y diversidad productiva.
6. Nótese que en el inicio de la nota dimos cuenta que se trata una medida de gestión asentada sobre una Ley vigente, la 24.714. Dos consideraciones al respecto: hacerlo así, constituye esta decisión presidencial en una medida de carácter permanente, amparada por la legislación vigente, y por otra parte, hace caer en el absurdo a las voces opositoras que reclamaban por una ley. Primero muerden, y después preguntan. Esa es la actitud opositora. Si se hubiesen tomado el trabajo de leer lo dispuesto, posiblemente los hubiese asistido el pudor antes que esta nueva vergüenza.
7. El padre y/o la madre que reúne las condiciones previstas por la ley, se presenta con los certificados de escolaridad y de salud requeridos y directamente la ANSES le otorga bancariamente la asignación universal.
8. Entonces, ¿De qué clientelismo habla la oposición? ¿Dónde está el intermediario que se quedará con el dinero de los pobres, como dicen? Un poco de cordura no les vendría nada mal.
9. Es necesaria una pedagogía integradora al momento de relatar estas medidas, para poder contextualizarlas correctamente.
10. Todas conforman el marco de un modelo de país que avanza con decisión y desde la esperanza reparadora, hacia el Bicentenario de la Patria.