Por Ricardo Ragendorfer y Walter Goobar.
rragendorfer@miradasalsur.com
La secuencia fotográfica –a la que accedió Miradas al Sur– muestra al espía Ciro Gerardo James actuando en la cancha de Boca Juniors; esas imágenes derrumban todas las excusas y argumentos expuestos por Mauricio Macri, Guillermo Montenegro y Mariano Narodowski, tanto en la conferencia de prensa brindada en el atardecer del jueves como en la presentación de ambos al día siguiente en la Legislatura porteña.
Allí se esgrimió la curiosa creencia de que el detenido era nada menos que un infiltrado de la Policía Federal en el Gobierno de la Ciudad. Y que su misión –siguiendo expresas directivas del Poder Ejecutivo nacional– consistía en malograr el lanzamiento de la Metropolitana. La clave de tal argumento es que ningún funcionario macrista había tenido conocimiento de su condición policial.
Pero el testimonio gráfico muestra a este personaje con un chaleco de la Federal en el estadio de Boca Juniors, cuando intenta aplicar el derecho de admisión al ex vicepresidente del club, Roberto Digón, por orden del comisario Jorge Fino Palacios, cuando era jefe de seguridad del lugar. Ello compromete al propio jefe de Gobierno, puesto que en aquel momento ejercía la presidencia de Boca. No deja bien parado a Narodowski, ya que el gerente del club era el actual subsecretario de Educación, Andrés Ibarra. Y Montenegro integraba con otros socios una comisión de seguridad interna. Lo cierto es que ninguno de ellos podía desconocer la existencia de James. Aún así, todos los funcionarios porteños involucrados en el affaire del espionaje municipal persisten en sostener su ignorancia al respecto.
La fallida coartada de los dos ministros recibió su tiro de gracia por boca del Fino. “A James lo recomendé yo”, sostuvo en un diálogo telefónico con el diario La Nación, en el cual reconocía que su trabajo en el área de inteligencia de la Federal no era un secreto para las autoridades macristas.
La teoría del boicot. En la noche del miércoles, varios vehículos oficiales con vidrios polarizados y custodia permanecían en los alrededores del edificio de la Avenida Libertador 2359. En el único departamento del segundo piso reside el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. Y en esa ocasión tenía ilustres visitantes: el secretario general de la gestión, Marcos Peña, Montenegro y el mismísimo ingeniero Macri, además de algunos asesores. Ninguno degustó los deliciosos canapés ofrecidos por la wedding planner Bárbara Diez, esposa del anfitrión. En la inapetencia de los presentes había razones de peso.
El juez federal Norberto Oyarbide acababa de probar que James se había comunicado unas 150 veces con un celular perteneciente a la agencia de seguridad Arpa, que regentea Palacios. Dichas llamadas fueron efectuadas en el mismo período en que fue pinchado el teléfono de dirigente de la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la Amia, Sergio Burstein. Otras tantas comunicaciones del espía fueron hechas al teléfono del comisario mayor Roberto Ontiveros –ex jefe de la base antiterrorista que el Fino armó en la Triple Frontera y, ahora, segundo en la jerararquía de la Metropolitana–, mientras que a su titular, Osvaldo Chamorro, le fueron detectadas 80 conversaciones con ese mismo interlocutor, a lo que se suman otras 49 realizadas al suboficial Adalberto Ontiveros, quien es primo de Roberto y secretario privado del sucesor de Palacios. Otro informe acerca de las comunicaciones –cuyo origen es Nextel– confirmó que unas 290 llamadas salientes del celular de James se hicieron precisamente desde la antena que corresponde al Ministerio de Seguridad. Ello robustece la versión –adelantada el domingo pasado por Miradas al Sur– de que el espía circulaba de manera habitual en el quinto piso del edificio de la Avenida Patricios. Tales circunstancias desataron una serie de allanamientos.
Al respecto, durante la reunión en lo de Rodríguez Larreta, el ministro de Seguridad se quejó amargamente por haberse enterado a través de la pantalla de Crónica TV sobre la requisa en su propio despacho. El procedimiento se extendió a los de Chamorro y Ontiveros, mientras otro grupo de la Federal irrumpía en el Ministerio de Educación. Las oficinas comerciales del Fino tampoco se salvaron; las sucursales de Arpa –una en la calle Ugarte 3058, de Olivos; otra en Sarandí 296, Capital–, además de la sede de la consultora Strategic Security Consulting –ubicada en Maipú al 200–, fueron puntualmente visitadas por los enviados de Oyarbide, al igual que el estudio jurídico en el que Chamorro desarrolla su profesión de abogado, situado también en Maipú al 200. En todos los casos fueron secuestradas las computadoras y cajas con documentación.
En medio de aquel dramático contexto, en el departamento de la Avenida Libertador se respiraba una atmósfera casi clandestina. Y allí, por cierto, fue ideada la estrategía del boicot, consistente en victimizarse y culpar al kirchnerismo de insertar un palo en las ruedas de la aún latente Metropolitana. Aquel guión sería afinado a la mañana siguiente –ya con la presencia de Narodowski– en la sede gubernamental de Bolívar 1. Horas después, Macri, junto con su Estado Mayor, daria su primera conferencia de prensa desde que explotó el caso.
Para entonces, los medios ya difundían una denuncia de la legisladora de Nueva Democracia, Gabriela Cerruti: James habría trabajado en la estructura de seguridad montado por el Fino en Boca, un vínculo laboral que el macrismo –según ella– conocía “más que bien. El jefe de Gobierno no tardó en desmentir esa información. Aún así, al caer la noche, Montenegro se dirigió con premura hacia el club de la Ribera para chequer el asunto. Al respecto –dicen– su averiguación fue satisfactoria: al haber sido James empleado –en negro– de Palacios, no había registros suyos en los libros de Boca.
La conexión bostera. En una entrevista publicada el 24 de mayo de 2007 en el diario Página 12, el entonces juez Montenegro se refería a su pasión por Boca con las siguientes palabras:
–Quiero dar una mano donde voy todos los domingos con mis hijos. Yo en Boca tengo platea. Y estoy en la comisión asesora de seguridad, junto con un grupo de locos, abogados y jueces, desde 2006.
Y, por cierto, aquella platea se encontraba a unos metros de la que poseía el sindicalista tabacalero Roberto Digón. Tanto es así que el 2 de abril de ese año, antes de comenzar el partido entre el equipo local y Banfield, Montenegro presenció cómo personal de seguridad del club –encabezado por el Fino– intentaba echarlo del estadio, a causa de sus denuncias por estafas en la venta de entradas ante River, en 2004. El más activo en ese procedimiento fue un muchacho rubio con chaleco de la Federal, al que los dirigentes conocían –según Digón– por su nombre de pila: Ciro. Miradas al Sur consiguió fotos exclusivas del episodio. Así se pudo determinar que aquel colaborador de Palacios no era otro que el hoy afamado James.
Palacios y sus hombres fueron conchabados en Boca a pedido de Macri por el gerente del club, Andrés Ibarra. “Es posible que a James lo haya llevado Ibarra –actual subsecretario de Educación– a esa cartera para espiar a estudiantes y docentes”, especula Cerruti en su denuncia.
Acerca del vínculo que lo une al área de Narodowski, el comisario Chamorro fue explícito: “Más de 100 personas abocadas a la implementación de la nueva policía firmaron contratos de locación de servicios con otros ministerios”. Según el uniformado, la idea era evitarles un lucro cesante mientras tramitaban la baja en sus fuerzas de origen.
Al saberse que James estaba acusado de pinchar el teléfono de Burstein, el ministro de Educación llamó a éste para “solidarizarse”. Pero a la vez se mostró remiso en colaborar con la Justicia. Durante la interpelación del viernes, el diputado ibarrista Eduardo Epsztein le recriminó esa actitud. “Como argentino y judío, usted debería sentir vergüenza ante sus antepasados”, fueron sus palabras. Por respuesta, el ministro guardó un incómodo silencio.
La esfera judicial. Ahora se sabe que el acompañante de James en su último viaje a Posadas, en donde solía entregar las escuchas ilegales, tiene estado militar. Jorge Raúl Zenarruza es coronel retirado del Ejército con una especialización en inteligencia. Y prestó servicios en el Batallón 601 entre 1976 y 1979. Su persona interesa sobremanera a los investigadores, puesto que dos de los celulares que usaba James estaban a su nombre. Éste, además, supo ser socio en una empresa telefónica de Manuel Zenarruza, hijo del ex represor, quien a su vez egresó en 1994 del Colegio Militar. No se descarta que el juez pida en los próximos días la indagatoria de su padre.
Por otra parte –a pedido del fiscal Alberto Nisman– Oyarbide solicitó los videos de seguridad instalados en la sede de Observaciones Judiciales de la Side, situada en la Avenida de los Incas, en donde el espía retiraba las grabaciones a Burstein y Carlos Ávila. La razón: determinar si se movilizaba en un vehículo del Ministerio de Seguridad.
El lunes se definirá la situación judicial de James. Al respecto, se cree que el magistrado resolverá procesarlo.
En tanto, trascendió un ya añejo episodio ocurrido en el feudo de Montenegro. A fines de abril, el empresario Mario Olivera, director de la empresa proveedora de equipos de inteligencia Maxx Technology, fue a mostrar sus mercancías. “Yo les ofrecí chalecos antibalas con GPS y cámaras térmicas. Estaba la plana mayor de la Metropolitana. Al final, sin ninguna razón, quisieron confiscarme los equipos. Me dijeron que yo me iba, pero los equipos no. Armé un escándalo; los amenacé con llamar a la Federal. Al final, logré zafar”, contó Olivera a Miradas al Sur.
Allí ahora el clima es vidrioso. Tanto es así que el viernes se conoció la renuncia de Fernando Moras Mom, un estrecho colaborador de Montenegro. Allegados al ex funcionario sostuvieron que éste “se fue asqueado por lo que vio en el Ministerio”, y que “el escándalo es peor de lo que los medios han reflejado”.