Por Política
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La pregunta llegó en medio de una conversación amena. Sin embargo, antes de que se escuchara la respuesta, un gélido y largo silencio se instaló en el departamento de Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
–¿Qué opinión le merece la ley de Medios? –quiso saber José Antonio Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín, ante la atenta mirada de Héctor Magnetto, el número 1 del multimedios más grande la Argentina.
–La Corte no va a resolver los problemas que los políticos no puedan resolver entre ellos –contestó el magistrado, distante y con cierta incomodidad–.
El encuentro entre el ministro de la Corte y los principales ejecutivos del Grupo Clarín –revelado por un juez federal y confirmado por una de las personas que asistió esa noche al cónclave– se produjo dos semanas antes de que la Cámara de Diputados aprobara la nueva ley de Servicios Audiovisuales de Comunicación.
Los directivos de Clarín obtuvieron la entrevista con Lorenzetti gracias a las gestiones que realizara Nicolás Reyes, el poderoso ex secretario Administrativo de la Corte que aún tiene acceso a todos los despachos de Tribunales, a pesar de haber abandonado sus funciones en marzo del año pasado.
De fluidas relaciones políticas, Reyes manejó el dinero del máximo tribunal durante 13 años. Había llegado de la mano de un ultramenemista, el riojano Julio Nazareno, y en los años de la mayoría automática no dejó de acumular poder. A tal punto fue así, que en los pasillos del Palacio se lo consideraba un cortesano más.
Cuando Lorenzetti asumió se propuso –ante la incredulidad de muchos– desplazarlo. Para recortarle poder, el presidente de la Corte creó el cargo de Subadministrador General, donde nombró a un hombre de su confianza, el santafesino Héctor Marchi. Reyes entendió el mensaje y acordó la retirada en un viaje protocolar a Marruecos que ambos compartieron. Como parte de la negociación, los ministros emitieron un comunicado de prensa que reconocía “los inestimables servicios prestados durante más de una década” del renunciante.
La desconfianza que Lorenzetti tenía por Reyes no cesó con la renuncia. Sin embargo, el ministro de la Corte accedió a recibir a los popes de Clarín por sugerencia de Claudia Levin, secretaria académica del Consejo de la Magistratura y una de sus principales asesoras en materia política. De manera infructuosa, Miradas al Sur intentó comunicarse con Lorenzetti para conocer su propia versión del encuentro.
La reunión –de la que no participó Levin pero sí Reyes– fue austera, el juez no ofreció cena ni tentempié. Los empresarios comenzaron señalando su preocupación por el clima de “crispación institucional que vive el país” y por “la baja popularidad del Gobierno”. Aranda llevaba la voz bajo la supervisión atenta de Magnetto. En un momento, llegó a consultar al juez si, en el caso en que la situación política se desmadrara, estaría dispuesto a asumir las responsabilidades que le competen en la línea de sucesión presidencial: la Ley de Acefalía establece que ante ausencia de presidente y vicepresidente, la máxima autoridad del país recaerá en el titular del Senado en primer lugar y de la Cámara de Diputados, en segundo. Si nada de eso fuera posible, es el presidente de la Corte Suprema quien debería sentarse en el sillón de Rivadavia.
Tal vez Magnetto y Aranda hayan pensado que esa pregunta era una forma de adular a Lorenzetti como si éste fantaseara con una carrera a la Presidencia de la Nación. Sin embargo, el magistrado se mostró distante y frío. Recordó que en la historia de América latina las intervenciones de las cortes judiciales en los procesos políticos nunca habían tenido un final feliz y ejemplificó con la actuación del máximo tribunal de la década del ’30. Con sus acordadas, aquellos jueces terminaron por convalidar una sucesión de decretos que finalmente sirvieron de andamiaje jurídico para la instalación en la Casa Rosada de los distintos regímenes militares que se sucedieron en la Argentina.
“Le hizo un daño gravísimo al país”, sentenció el presidente de la Corte.
Hablemos de los medios. Fue en medio de esa charla que Aranda lanzó, como un estiletazo, la pregunta sobre la Ley de Servicios Audiovisuales de Comunicación. Hoy, con la nueva legislación ya publicada en el Boletín Oficial, el Grupo Clarín sabe que golpear la puerta de la Corte para reclamar la inconstitucionalidad de ley no sería un buen camino. En el Palacio de Tribunales, funcionarios que frecuentan a diario a todos los jueces de la Corte, coinciden en que el máximo tribunal no está dispuesto a generar un conflicto de poderes con el Ejecutivo ni con el Parlamento, sobre todo teniendo en cuenta que la ley en cuestión recibió un importante respaldo en ambas cámaras.
Tampoco alcanzaría con los fuegos de artificios que el senador Gerardo Morales –por encargo de Clarín– lanzó con las famosas “fe de erratas” de la ley. Tanto Magnetto como Aranda saben que no es materia como para que la Corte declarara la nulidad de la ley. “Está dentro de los usos y costumbres que se han dado en un montón de otras normas. La oposición sabe que es un arma política pero no judicial”, dice un hombre de larga trayectoria en el máximo tribunal de Justicia.
El mismo funcionario reconoce, en cambio, que los multimedios pueden apostar, tal vez con mejor suerte, a que la Corte declare inconstitucional algún artículo en particular. Pero para eso –dicen en el Palacio– los Grupos deberán recorrer previamente los tribunales de primera y segunda instancia. Porque, vale subrayarlo, otra cosa que descartan los ministros de la Corte sería conceder un “per saltum” que permita saltear a los juzgados inferiores. De este modo, con la mejor de las suertes y con magistrados que impriman gran celeridad a las causas, la Corte no tendría en sus manos este tema hasta mediados del año que viene. Eso, en caso de que algún tribunal de primera instancia dé un fallo que a su vez sea apelado y tenga sentencia de Cámara.
Recién en esa instancia comenzaría a funcionar el reloj del tribunal supremo: “Si es algo que sabe hacer esta Corte es manejar los tiempos políticos. No va a tomar ninguna decisión que pueda alterar el escenario electoral”.
Dos fallos Clarín. En los últimos meses, la Corte ya tuvo que intervenir en dos cuestiones judiciales que involucran al Grupo Clarín. Y hasta ahora, en ambas le ha dado un trato favorable. El pasado 26 de agosto, con un solo voto en disidencia, el tribunal dejó en firme la homologación del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) de la operadora de televisión por cable Cablevisión. De esta manera, aprobó las negociaciones suscriptas entre la empresa y sus acreedores al mismo tiempo que rechazó un recurso extraordinario interpuesto por la Fiscalía de Cámara y por el acreedor Javier Vendramín, un ex empleado de Raúl Moneta, “el banquero de Carlos Menem” y acérrimo enemigo del holding de Magnetto. El fallo eliminó así uno de los varios obstáculos que ponían en jaque la fusión de esa empresa con Multicanal, la operadora de cable de Clarín.
La Corte también intervino en la causa que investiga si los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble fueron apropiados de padres secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura militar. El 11 de julio pasado, el máximo tribunal resolvió que la Cámara de Casación atendiera el reclamo de Marcela y Felipe Noble, los hijos en cuestión, quienes rechazaron extraerse sangre para que sea cotejada con el Banco de Datos Genéticos. De esta manera, los análisis de histocompatibilidad podrían cotejarse sólo con dos familias de desaparecidos, las que iniciaron la causa. Pero no con el resto.
Clarín ya anunció en sus páginas que se prevé una andanada de causas judiciales a partir la promulgación de la nueva Ley de Medios. Habrá que ver si esas causas llegan a la Corte y, en ese caso, si se cumple aquel viejo refrán que sentencia que no hay dos sin tres.