Por Natalia Coronel
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Abogado y periodista, Pablo Llonto trabajó en el diario Clarín entre 1978 y 1999. Desde 1984 fue elegido delegado sindical y renovó su mandato hasta 1999. “Clarín no me dejó entrar más bajo la acusación de que no podía tolerar a un delegado que, además, le dice a la gente lo que tiene derecho a reclamar y los patrocina”, recordó Llonto.
–Clarín le hizo a usted cinco juicios, ¿cuándo comenzaron?
–Primero, la empresa inició una campaña de hostigamiento al activismo sindical y arrancó conmigo porque yo era el secretario general de la comisión interna. A los empleados sindicales para despedirlos se les debe iniciar primero un Desafuero Sindical, que es un juicio especial. Me iniciaron cinco juicios, de los cuales perdió cuatro y ganó uno. El recorrido de ese juicio fue, en primera instancia: la jueza le ordenó mi reincorporación laboral, la Cámara de Apelaciones Laboral ratificó el fallo y ordenó también mi reincorporación. Las dos veces que fuimos a hacer cumplir la orden de reincorporación la empresa se negó a acatar el fallo de la Justicia.
–¿Quién le niega la reincorporación?
–Fui con el oficial de Justicia a la puerta, queríamos entrar y bajaba la orden de Héctor Magneto de que no me dejaran entrar y el personal de seguridad cumplía las instrucciones. La Justicia no tuvo coraje como para imponerse. Fue algo similar al caso reciente de la ex Terrabusi, donde el tribunal debía imponer a la empresa la medida: si la empresa no dejaba entrar a los delegados mal echados, autorizaría el ingreso por la fuerza pública. Eso en aquella época no ocurrió: era pleno auge del menemismo y Clarín tenía mucho poder. Así sucedió que en dos oportunidades no cumplió el falló y logró llevar el expediente hasta la Corte Suprema de Justicia. En 1999 con la Corte menemista sacó un fallo en favor de Clarín y ahí me despidieron. El telegrama lo recibí ese mismo año. Durante los ocho años que estuve afuera, desde 1991 hasta 1999, los compañeros me seguían eligiendo como su delegado pese a que no podía entrar.
–¿Cómo ocupaste tu lugar de delegado estando fuera de la empresa?
–Había otros compañeros que estaban adentro y que se movían que en el año 2000 cuando hicieron el último intento de reorganización sindical. Cuando ese grupo de compañeros, entre los cuales estaba Ana Ale, intentó en el año 2000 formar una comisión interna, la empresa no los dejó. Ellos, lo mismo, hicieron elecciones, pero tras la votación echaron a toda la comisión interna y a 107 personas más. En total fueron 117. Fue el 4 de noviembre del 2000.
–¿Quién fue el abogado de Clarín?
–Cuando presentaron el recurso a la Corte, el escrito lo firmó un ex viceministro de Trabajo del entonces presidente Carlos Menem, Carlos Etala. Clarín lo contrató como para que hiciera el recurso y lo presentara. Con eso, lograron acceder a la Corte.
–¿Cuándo presenta el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
–Fue en 2000, y desde entonces está en la sede, en Washington, esperando que la Comisión tome una decisión sobre el tema. Son casos atípicos, la Comisión Interamericana tiene casos de masacres, por lo cual el caso de un delegado sindical echado de 1999 en Argentina no debe estar entre los primeros expedientes.
–¿Cuál era la política de Clarín? ¿Usted representaba algo más que un delegado gremial?
–La política de Clarín siempre fue despedir a todos los que llamaban el ala combativa. Había dirigentes sindicales a los que Clarín compraba y había, como en toda comisión interna, delegados combativos y no dispuestos a ceder.
Desde 2000 en adelante, en Clarín están prohibidas las asambleas. Tampoco puede haber elecciones de delegados. Está por cumplirse una década del cese de la actividad sindical en Clarín. Por eso, cuando Clarín habla de libertad de expresión y de respeto a la ley y a la Constitución, éste es el mejor ejemplo de cómo no permite a sus propios trabajadores organizarse.
–¿Quiénes son los responsables?
–Héctor Magnetto, el número uno, y un gerente de personal nefasto: Jorge Figueiras. Una de las cosas que denunciábamos e investigábamos, y que a Clarín le molestaba, era que hacía –y hace– espionaje ideológico y gremial sobre sus trabajadores. Esto lo sabemos porque la Justicia logró secuestrar de la gerencia de personal del diario unas fichas en las que una empresa de seguridad privada hacía seguimiento sobre los trabajadores. Por ejemplo: en los papeles decía: “actividad sindical, ninguna o sí tiene. Ideas políticas”, y decía cuáles eran. En los legajos aparecían fotocopias de las solicitadas que uno firmaba. Supongo que hoy esto seguirá sucediendo. Hoy no sé si los empleados son conscientes de esto, pero para nosotros fue una horrible sorpresa.