Por Robert J. Samuelson
Robert J. Samuelson
¿Qué se puede hacer para revolucionar la maquinaria del empleo? Esta interrogante será debatida en los próximos meses en EE. UU., y la respuesta es poco clara. Los keynesianos a ultranza insisten en que sólo habrá crecimiento en el trabajo con un mayor gasto estatal y recortes fiscales, pero otros temen que la deuda federal (debida al pago de más gastos y recortes fiscales) pueda precipitar una nueva crisis que destruya el empleo. Casi todos concuerdan en que el panorama es sombrío. Desde que se inició la recesión, en 2007, desaparecieron ocho millones de plazas en EE. UU., y otras correrán la misma suerte. Con una fuerza de trabajo que aumenta en más de un millón de trabajadores al año, Joseph Seneca y James Hughes, de Rutgers, calculan que ni siquiera un crecimiento del empleo como el de la década de 1990 (2,4 millones anuales) bastará para reducir el desempleo actual, de 9,8 por ciento, al nivel de cinco por ciento para el año 2017.
La solución keynesiana (llamada así por John Maynard Keynes, fallecido en 1946) sostiene que el activismo gubernamental puede generar más empleo, y ésa fue la teoría que precipitó el “estímulo económico” de US$ 787.000 millones aprobado en febrero. De allí que hayan empezado a circular muchas ideas sobre un Estímulo 2.0, aunque la controversia sobre el Estímulo 1.0 apunta a que cambiará de nombre.
Larry Mishel, del Instituto de Políticas Económicas, desea más ayuda para los gobiernos estaduales, una extensión del seguro de desempleo y un crédito fiscal para empresas que abran puestos. Una propuesta daría a los patrones un crédito de US$ 7.000 por trabajador contratado. Timothy Bartik, del Instituto para Investigación del Empleo W. E. Upjohn, opina que dicho crédito podría generar hasta dos millones de plazas con un costo presupuestario de US$ 40.000 millones o más. Pero dos terceras partes del costo de dicho crédito correrían a cargo de las empresas.
La principal crítica contra el Estímulo 1.0 es que todavía no redujo el desempleo. Los partidarios replican que el desempleo habría sido peor sin el programa y que más de la mitad del
paquete aún no se gastó, en tanto que los detractores arguyen que los beneficios de los paquetes “de estímulo” fueron exagerados. Como trasfondo de la disputa se encuentra una diferencia de opiniones en torno del multiplicador: si el gasto en estímulos y los recortes fiscales pueden traducirse en incrementos para la economía general o bien si sólo compensan
los efectos. Los consumidores podrían ahorrar parte de los recortes fiscales, pero el déficit aumentaría la tasa de interés y limitaría los préstamos.
El hecho es que no hay una respuesta “correcta”, pues el multiplicador puede variar. En este caso, la Administración de Obama parece más coherente. En 2009, con el gasto minorista y de empresas colapsando, el estímulo contribuyó a estabilizar la economía rescatando empleos; y las tasas de interés no se elevaron. Pero que el primer estímulo estuviera justificado no significa que otro también lo esté.
La deuda pública estadounidense se está elevando desde la Segunda Guerra Mundial. El ciclo fiscal 2009 (concluido el 30 de septiembre) reveló que el déficit presupuestario era de US$ 1,4 billones, y la Oficina Presupuestal del Congreso vaticina lo mismo para 2010. “El mundo quiere prestarnos en este momento, y podemos soportar una carga de deuda con un costo de intereses moderado”, comenta Kenneth Rogoff, quien, con Carmen Reinhart, es coautor de “This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly”. “Sin embargo, la historia nos enseña que la confianza es caprichosa”, advierte. Si el incremento en la deuda atemoriza a prestadores haciéndolos pensar en inflación o incumplimientos, las tasas de interés se dispararán. El primer programa estaba justificado, pero ahora “no tiene sentido que utilicemos estímulos para postergar la realidad de un crecimiento económico”.
El debate fue definido por los economistas Lawrence Mishel y Kenneth Rogoff. El camino medio sería purgar las políticas que desalienten la creación de empleo. Tomemos el caso de la propuesta de la Agencia para Protección Ambiental, exigiendo permisos para que la industria emita 25.000 toneladas anuales de gases como máximo. Bajo estas condiciones, las plantas o expansiones de las ya existentes tendrían que obtener permisos para minimizar las emisiones de seis gases “de invernadero”, y los permisos serían otorgados con base en casos particulares; la reglamentación propuesta consiste en 416 páginas. ¿Es posible que esto promueva la inversión y creación de empleos, fuera de las filas de abogados y consultores?
Abundan los obstáculos semejantes. Pero para superarlos es necesario que la Administración de Obama elija entre más empleos y muchos otros objetivos, decisión que evitó hasta ahora.