Por Ricardo Ragendorfer y Walter Goobar
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Durante el mediodía del viernes 25 de septiembre, mientras en el Parlamento se debatía la Ley de Servicios Audiovisuales, el senador de la UCR por Mendoza, Ernesto Sanz, permanecía reunido con algunos colaboradores y un empresario de medios en el lobbybar del Hotel Savoy, situado en la avenida Callao 181. Tal vez el legislador no imaginara que sus dichos eran prolijamente grabados. En ese mismo instante, un equipo de espías instalado en el cuarto piso de ese establecimiento se dedicaba a ello, además de monitorear las comunicaciones telefónicas de otros políticos oficialistas y opositores, funcionarios del Poder Ejecutivo y periodistas. Es que allí funciona una unidad de Inteligencia dirigido por el ex jefe de la Side duhaldista, Miguel Ángel Toma, que ahora trabaja alternativamente por cuenta y orden del Ministerio de Seguridad porteño, para el peronismo disidente y a la vez para el Grupo Clarín.
Lo cierto es que –junto al procesamiento del ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Fino Palacios en la causa Amia (ver recuadro); el reemplazo en la Academia Policial del abogado procesista Daniel Pastor por la también procesista experta en temas estratégicos, Virginia Gamba; el polémico anuncio de la creación de un grupo antipiquetes; los cuestionamientos por la compra irregular de 36 móviles no identificables para hacer seguimientos; las revelaciones sobre un presunto negociado para contratar la digitalización de los archivos del Ministerio; el escándalo por el intento de involucrar en un homicidio al integrante de la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado contra la Amia, Sergio Burstein; y la postergación del lanzamiento a la calle de la primera tanda de dicha fuerza–; la filtración pública de semejante estructura secreta fue el punto culminante de una semana agitada para el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, quien, por cierto, durante una reciente arenga ante su flamante tropa, acuñó una frase hará historia: “Soy perverso con los que me cagan”. Tal vez la perversidad de Montenegro no alcance a Toma, porque éste es responsable oficioso de los aspectos más subterráneos del ministerio a cargo del ex juez.
Frente a tal cúmulo de escándalos, un asesor de Mauricio Macri le deslizó la posibilidad de cambiar de ministro. La respuesta del jefe de Gobierno fue:
–Es que no tengo a nadie para reemplazarlo.
Un pac man en el Savoy. Durante los primeros días de septiembre, cuando el debate parlamentario por la Ley de Servicios Audiovisuales comenzó a tomar cuerpo, los directivos del Grupo Clarín, Jorge Rendo y Pablo Casey, alquilaron cinco habitaciones en el quinto piso del Savoy. Desde entonces, desfilarían por allí diputados, senadores, dirigentes opositores y empresarios de medios; entre ellos Francisco de Narváez, el ex presidente Eduardo Duhalde, Alberto Atanasof y Luis Barrionuevo. Éste es nada menos que el principal accionista del hotel. En esos días también se montó en el piso inferior el nido de espías. Designado por Toma, su responsable operativo no es otro que el ex comisario inspector Carlos Alberto Sablich, quien fue jefe de la Dirección de Delitos Complejos de la Policía Federal hasta abril de 2004, momento en el que decidió renunciar ante la inminencia de su procesamiento por apremios ilegales contra los oficiales que en 1991 secuestraron a Macri.
Y se fue de la fuerza junto a sus dos hombres de confianza: los comisarios Juan José Schettino –salpicado por su vinculación confesa con reducidor de autos Jorge Sagorsky– y Miguel Ángel Colombo, quien terminó integrado en la cúpula de la Metropolitana. Con ellos, Sablich –luego de una breve temporada tras las rejas por el asunto de las torturas– se volcaría a la actividad privada. En sociedad con Schettino constituyó la Consultora Sasche SRL –que funciona en una oficina del octavo piso de Hipólito Yrigoyen 1427–, dedicada al asesoramiento integral en materia de seguridad. Y en 2006, junto con su esposa, Norma Beatriz Palmer, el comisario fundó la consultora Wolf Seguridad SRL, también volcada a los mismos menesteres. Uno de sus socios es justamente Colombo.
Al año, comenzaría sus actividades la tercera consultora de Sablich, bautizada Palmer SRL, cuya sede también está en las oficinas de la calle Yrigoyen. Precisamente allí, a mediados de agosto, el otrora poderoso comisario fue reclutado por Toma. Y con la siguiente misión: por un lado, limpiar el piso reservado por los gerentes de Clarín de cualquier posibilidad de espionaje sobre ellos; por otro lado, armar en la planta inferior el bunker de Inteligencia que en la actualidad allí funciona. Sus principales blancos: los actores de la puja por la Ley de Servicios Audiovisuales; reunir datos sobre el CEO de Aeropuertos Argentina 2000, Ernesto Gutiérrez, incidir sobre el caso Skanska –para perjudicar al ministro Julio De Vido– e incidir sobre la suerte del juez federal Federico Faggionato Márquez, con el propósito de beneficiar a De Narváez en la causa por el tráfico de efedrina.
En este punto, hay una cuestión que Montenegro –el coequiper de Toma– no puede explicar: la compra de sofisticados equipos para interceptar comunicaciones de opositores y hasta las de sus propios funcionarios.
A todas luces, la opereta más temeraria de la KGB de Toma fue el intento de involucrar a Sergio Burstein –quien desde Familiares de la Amia encabezó la campaña contra el nombramiento del Fino– en un presunto homicidio sucedido en Misiones. Para esa maniobra, que incluyó la pinchadura de sus teléfonos, se valieron de un juez provincial relacionado al ex gobernador Ramón Puerta. Ahora se sabe que la denuncia contra Burstein provino de la Superintendencia de Investigaciones de la Federal, en la que Palacios trabajó antes de su eyección. La supuesta causa era en realidad una excusa para escuchar las comunicaciones que Burstein mantenía con el fiscal de la causa Amia, Alberto Nisman. El hecho –tras una denuncia de Burstein– es investigado por el juez federal Norberto Oyarbide.
En paralelo, el legislador de Diálogo por Buenos Aires, Eduardo Epszteyn, denunció la pinchadura de sus teléfonos y también haber sido objeto de seguimientos callejeros.
Los espías que vienen del frío. Tras la renuncia y posterior procesamiento del Fino, el debilitado ministro Montenegro se convirtió en un rehén de los comisarios que reivindican el arcaico modelo de una policía militarizada, centralista y brava. Es por ello que, desde las sombras, personajes como Toma, Sablich y Palacios participan del armado de un aparato de inteligencia filomacrista con un funcionamiento autónomo de todo tipo de control judicial e institucional. Ello –como es sabido– se encuentra fuera de toda consideración legal.
Pero dicha jugada ya está en marcha. Y las áreas involucradas en aquellas actividades fueron bautizados con eufemismos neutros. Tal es el caso de la llamada Unidad de Auditoría, encabezada por Gustavo Darío Morón. Este personaje, un ex agente civil de inteligencia al servicio de la Superintendencia de Seguridad Federal durante la dictadura, fue mencionado por el propio Fino, en su misiva de renuncia, como cabecilla de la supuesta red de corrupción que anida en las entrañas del Ministerio de Seguridad (ver edición anterior de Miradas al Sur). La estructura bajo su influencia a su vez se divide en dos sectores: Asuntos Internos y Externos.
La primera –abocada a tareas de contrainteligencia– está a cargo de Miguel Mazzeo, un cuñado de Morón, quien en los años de plomo fue oficial del Departamento de Asuntos Políticos de SSF. Y con el alias de Macciopinto, supo infiltrarse en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) de la facultad de Derecho. En Asuntos Internos también reviste Mónica Amoroso, una antigua oficial de Inteligencia de la Federal que en mayo de 2000 fue puesta al descubierto como agente infiltrada en el partido Nueva Dirigencia, liderado por Gustavo Béliz, del que llegó a ser la principal colaboradora en su despacho. A tal efecto, Amoroso hasta contrajo enlace con el ya fallecido legislador Miguel Doy, muy cercano a Béliz.
Por su parte, Asuntos Externos –dedicada a espiar blancos ajenos– está al mando del comisario inspector retirado Carlos Misurelli, otro de los policías federales despedidos en 2004. Durante la dictadura -según los organismos de Derechos Humanos- Misurelli integró la temible Coordinación Federal. Tras su forzado retiro, llegó a ser el director ejecutivo de Apdif (Asociación de Protección de la Industria Fonográfica). Ello tal vez explique la razón por la que esta semana Montenegro anunció que los primeros agentes en funciones de la Metropolitana investigarán de manera excluyente la venta callejera de música y películas editadas ilegalmente. “No van a levantar mantas, sino apuntar a las organizaciones que están detrás del negocio”, fueron sus exactas palabras.
Sin embargo, a pesar de los reclamos de la oposición, eludió dar explicaciones acerca de la compra de 36 móviles no identificados para integrar la flota fantasma de la Metropolitana. En la Legislatura porteña circula la sospecha de que los mencionados vehículos serán utilizados para tareas de espionaje. Por lo pronto, en vista de que la fuerza macrista dispondrá de 50 patrulleros identificados, incluso desde el PRO aseguran que existe una gran desproporción numérica con respecto a los vehículos no identificables.
Se sabe, asimismo, que esa operación comercial fue articulada por Morón y su prima sanguínea, la directora Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio, Beatriz López Madaras. Al igual que el gran negocio en ciernes y, desde luego, sin licitación previa: la digitalización de archivos del Ministerio.
Según una fuente de esa cartera, bajo la supervisión de Morón, en el transcurso de la semana pasada hubo una reunión entre el director de Estudios y Tecnología de la Información, Guillermo Arancibia –un íntimo de Morón–, el titular de Seguridad Privada, Jorge Silva, y el subsecretario de Seguridad Urbana, Matías Molinaro, con el posible adjudicatario de ese negocio, un empresario apellidado Leturía, quien fue presentado como un amigo personal del Jefe de Gobierno. El asunto no tardaría en sumarse a la catarata de denuncias por compras y contrataciones irregulares que en la gestión de Macri parecen ser moneda corriente.
Mientras tanto, trascendía un dato no menor: el Ministerio de Montenegro adeuda nada menos que 36 millones de pesos en concepto de servicios adicionales a la Policía Federal. Es por semejante falta de pago que esa fuerza ha iniciado un sigiloso repliegue en la Ciudad.
A este estado de cosas se añade una nueva demora con respecto al lanzamiento a la calle de la nueva policía. Ello fue expresado por Montenegro junto al anuncio de que la fuerza contará con una Brigada Antipiquetes, lo cual provocó una avalancha de repudios. “Hay una expectativa muy grande por la Metropolitana... Y yo soy el más ansioso”, dijo Montenegro. En eso no se equivocaba.