Ricardo Forster
Tal vez uno de los mayores aciertos de aquello que se inauguró en mayo del 2003 fue la voluntad explícita y contundente de no reprimir, bajo ninguna circunstancia ni presión política o corporativa, la protesta social. Primero fue Néstor Kirchner quien acometió contra una oscura práctica, impulsada por los poderosos de siempre, de la historia argentina que supo, en distintas circunstancias, descargar sus furias represivas y homicidas sobre quienes buscaban expresar en el espacio público sus demandas insatisfechas y su sed de justicia. Kirchner comprendió que la brutal crisis del 2001, crisis que horadó profundamente la legitimidad institucional y las formas de una democracia en estado de fragmentación, no podía ser reparada desde lo puramente económico. Que las decenas de muertos de diciembre del 2001 y el asesinato de Kosteki y Santillán en el puente Avellaneda bajo la presidencia de Eduardo Duhalde, constituían un límite ominoso a cualquier intento de reconstrucción de la vida social, económica, cultural y política del país. Que la oscura herencia de la dictadura, esa marca brutal sobre cuerpos y memoria, seguía vigente allí donde se siguiera criminalizando y reprimiendo la protesta social. Esa convicción le permitió unir dos hechos simbólicos: iniciar la reparación de la justicia y el castigo a los genocidas derogando las leyes de la impunidad y prohibir decididamente que los cuerpos policiales destinados por lo general a controlar a los manifestantes utilizaran armas de fuego (decisión absolutamente inédita en la larga travesía argentina). Quien no comprendió esta decisión clave del gobierno de Kirchner fue el ex ministro Beliz que tuvo que presentar su renuncia allí donde intentó mantener las antiguas prácticas represivas.
En ningún momento se reprimieron las innumerables protestas sociales, nunca se buscó lanzar a los cosacos contra los movimientos piqueteros. La alternativa siempre fue la negociación, a veces difícil y ardua, otras casi rayana en lo grotesco y, la mayoría de ellas, articulada con una política de mejoramiento de las condiciones de vida de los más necesitados, esos mismos que solían confluir en las protestas piqueteras. Así como los movimientos de desocupados supieron erigirse en una de las experiencias más interesantes y originales de la historia reciente argentina, demostrando que mientras los poderes político y económico contribuían, en esos años brutales del neoliberalismo, a multiplicar la violencia contra los pobres y a profundizar un orden que conducía al colapso de la sociedad, eran esos movimientos de los más desheredados entre los desheredados, de los olvidados absolutos del sistema, los que garantizaban que la violencia no se desatara en las calles de una Argentina que ardía y se descomponía. Kirchner, en alguna medida emergente de ese proceso, comprendió el valor de los movimientos sociales y, fundamentalmente, supo reconocer la absoluta incompatibilidad entre rescatar una democracia agujereada por la discrecionalidad de las corporaciones económicas y la retórica falsamente republicana de aquellos mismos que nunca dudaron en reprimir al pueblo para defender los intereses de unos pocos y la indispensable tarea de reconstruir un país y una sociedad arrasada por esas mismas políticas que, en la actualidad, siguen hablando impúdicamente de falta de calidad institucional.
Confrontado a uno de los mayores desafíos a la estabilidad democrático-institucional, me refiero a la que se desplegó a partir de la resolución 125 y a la beligerancia de las organizaciones de los dueños de la tierra y de sus socios mediáticos, el gobierno de Cristina Fernández, haciéndose cargo de una política de Estado y de una convicción fundacional del kirchnerismo, también se negó a reprimir el verdadero asalto al poder que significaron los innumerables y estratégicos cortes de ruta implementados por la mesa de enlace, cortes que amenazaron con desabastecer a los hogares argentinos, con generar alarmantes aumentos de los alimentos y con horadar y destituir la legitimidad del gobierno democrático. Y sin embargo Cristina Fernández, como antes Néstor Kirchner, se negó a utilizar la represión para desalojar las rutas que ya no eran cortadas por los desocupados, por los pobres y los débiles de esta sociedad que sigue siendo injusta y desigual, sino por los beneficiados, en la mayoría de los casos, de la inconmensurable riqueza de la Pampa húmeda. Asumiendo esa convicción, el Gobierno no dejó de pagar un alto precio por no actuar, a pesar de que la ley lo facultaba, contra una creciente rebelión de quienes se arrogaron el derecho de impedir la libre circulación por gran parte del territorio nacional.
Este recorrido por la historia reciente no es ocioso porque tiene que ver con uno de los grandes logros de estos últimos años; logro, el rechazo a reprimir cualquier forma de protesta social, que constituye uno de los momentos más reivindicables del Gobierno. Por eso resulta indispensable encender las luces de alarma ante los acontecimientos represivos que tuvieron lugar el viernes de la semana pasada en la fábrica Terrabusi-Kraft. Todos pudimos observar las cargas de los cosacos de la montada bonaerense y las escenas en las que las brigadas antimotines utilizaban gases lacrimógenos y balas de goma para desalojar la fábrica que, hasta ese día, había estado ocupada por algunas decenas de obreros, la mayoría de ellos injustamente despedidos por la patronal que mostró, a lo largo del conflicto, una carencia total al diálogo y a la conciliación. Un hilo delgado amenaza con cortarse y, claro, la derecha está esperando las consecuencias de ese desgarramiento para forzar al Gobierno a quebrar una de sus apuestas más decisivas, auspiciosas y arriesgadas.
Del mismo modo, es fundamental eliminar las viejas retóricas macartistas que todavía persisten en algunos dirigentes sindicales de la CGT, así como también es importante que no se subestime la capacidad de organizar y representar a algunos conjuntos de trabajadores por parte de los sectores más combativos de la izquierda extraparlamentaria. Si bien muchas veces esos grupos saben cómo iniciar una huelga pero no saben cómo terminarla sin llevar el conflicto, y a los trabajadores, a un callejón sin salida, son parte inescindible de la historia del movimiento obrero y de las luchas populares y, en muchas ocasiones, cuando las centrales sindicales defeccionaron o se volvieron cómplices de las patronales y de los planes de ajuste neoliberales, fueron los que encabezaron las protestas contra las injusticias. Eso el Gobierno también lo debe saber, y así como se tuvo infinita paciencia ante lo que se denominaron “los piquetes de la abundancia”, también se la debe tener, y con mucha más razón, cuando hay que actuar con extremada prudencia y cuidado ante un conflicto en el que están en juego cientos de puestos de trabajo y la actitud belicosa y provocadora de una empresa multinacional.
Esa es una delgada línea que no se debe pasar y que hasta ahora, y con gran valentía y decisión, el Gobierno nacional se negó a trasponer. Ojala que los próximos días nos ofrezcan la imagen de una decidida acción que conduzca a solucionar el conflicto en beneficio de los más débiles y contra cualquier intención de recurrir a antiguas y repudiables prácticas que siempre terminan llevando agua al molino de la derecha, esa que ha sabido ejercer la dura represión contra los intereses y los derechos de las mayorías populares a lo largo de la historia argentina.