Obama se olvida del petróleo

Considerando la recesión y las posibilidades de una débil recuperación, muchos supondrían que el Gobierno de EE. UU. está obsesionado con la creación de empleos. Y así es. El problema es que hay al menos un rubro donde no parecen interesados en generar trabajo: la industria del petróleo y el gas. La Administración está desviada en contra de ellas, un sesgo que no tiene sentido en sus campos económicos y energéticos. Casi todo el mundo ama odiar a las Grandes Petroleras estadounidenses (Exxon y Chevron), e incluso a las pequeñas firmas del sector, pero promover la perforación en el país es simplemente una medida de sentido común.

Al contrario de la sabiduría popular, EE. UU. aún tiene recursos propios de petróleo y gas natural. La plataforma continental externa (OCS, por sus sigla en inglés), incluyendo partes que estuvieron fuera de los límites para perforar desde principios de la década del ‘80,  puede contener gran cantidad de gas natural y 86.000 millones de barriles de petróleo, que es aproximadamente cuatro veces la cifra de reservas “probadas” de EE. UU.

El Servicio Geológico de EE. UU. estimó que la Formación Bakken, en Dakota del Norte y Montana, puede tener unos 3.650 millones de barriles, cerca de 22 veces el estimado de 1995. Y luego está el ascendente de 2 billones de barriles de petróleo de esquisto concentrado en Colorado. Si 800.000 millones de barriles fueran extraíbles, eso sería tres veces las reservas probadas de Arabia.

Ninguna de estas fuentes, por supuesto, proveerá rápidamente mucho petróleo o gas natural. Los proyectos llevan 5, 10 ó 15 años. El petróleo y el gas deben aún ser ubicados, lo cual es un proceso costoso, riesgoso y que lleva tiempo. Extraer petróleo del esquisto (en efecto, una piedra) requiere calentarla y supone problemas ambientales mayores. Pero el petróleo adicional de alguna de estas fuentes finalmente reduciría la dependencia de importaciones, que ahora es casi el 60 por ciento del consumo de EE. UU., mientras el proceso de exploración y desarrollo inmediatamente fomentaría la creación de trabajos de alto salario (geólogos, ingenieros, trabajadores siderúrgicos).

A pesar de ser sencilla, la administración de Obama (que está obsesionada con los “trabajos verdes”, y con la energía eólica y solar) elude esta lógica. Los combustibles limpios se convirtieron en la pieza política fundamental. El Día de la Tierra (22 de abril), el presidente visitó una fábrica en Iowa que produce torres para turbinas de viento. Ahí señaló: “Es tiempo de que comencemos una nueva era de exploración energética en EE. UU.”.

El presidente es reconocido como un gran educador, pero en este caso su afirmación implicaba que se debe optar entre promover energías renovables y confiar en el petróleo. En realidad, éstas no tienen conexión. El viento y el sol producen energía eléctrica, sin embargo cerca del 70 por ciento de nuestro petróleo se emplea en el transporte (autos, camiones, aviones); casi nada (cerca de un 1, 5 por ciento) para generar electricidad.

La única manera de reducir la importación de petróleo es usar menos o producir más. Obama puso algo de atención a la primera opción. Pero su gobierno está minando la segunda. En el Departamento del Interior de los EE. UU., que vigila las tierras públicas y la OCS, el secretario Ken Salazar dio algunos pasos que desalientan la exploración y el desarrollo, cancelando 77 arrendamientos en Utah porque estaban demasiado cerca de las tierras del parque nacional.
Cualquiera de éstas puede parecer una revisión razonable de políticas heredadas, y es verdad —como señalan los oficiales del Interior— que Salazar mantuvo un esquema regular de concesiones de petróleo y gas. Aún así, el sesgo antipetrolero parece inequívoco. Salazar cuadruplicó a ocho meses el período normal de comentarios sobre la OCS. Razonablemente, él podría reinstalar la mayoría de las restricciones sobre la perforación de la OCS que el Congreso levantó este año. Mientras tanto, está impulsando la energía eólica y solar anunciando nuevos procedimientos para ubicarla en tierras públicas, incluyendo la OCS. Señala: “Estamos poniendo en una nueva ruta al Departamento”, enfatizando en las energías renovables.

Podría resultar decepcionante. En 2007 la energía eólica y solar produjo menos de un 1 por ciento de la electricidad de EE. UU. Incluso una expansión de cinco o diez veces de estas industrias dejará tan sólo una pequeña contribución. En contraste, el petróleo y el gas natural proveen dos tercios de la energía a los estadounidenses. Aumentando o bajando, dominarán nuestro consumo por décadas. Cualquier petróleo producido aquí reducirá las importaciones; y el gas natural adicional tenderá a desplazar al carbón en la generación de electricidad. Ninguno de ellos debilita el programa contra el calentamiento global que el Congreso puede adoptar. El no apoyar su producción en    EE. UU. es de locos. Lo mismo es verdad en términos económicos, porque la promesa de trabajos “verdes” es exagerada. Los números indican que, en 2008, las industrias de petróleo y gas emplearon a 1,8 millones de personas, en tanto que los trabajos en las industrias solares y eólicas son contados (por sus asociaciones comerciales) en 35. 000 y 85.000, respectivamente. Si sumamos se puede ver que  un incremento de un 5 por ciento en los trabajos petroleros (90.000) casi iguala los eólicos y solares (120.000). Así que los movimientos modestos, hacia arriba o abajo, en petróleo y gas natural superarán los cambios posibles en los trabajos “verdes”, que no salvarán la economía.

Mejores técnicas de exploración y producción —perforando en aguas más profundas, horizontalmente, y la “fracturación hidráulica” (bombeando líquidos a los campos para abrir vetas)— incrementaron los montos recuperables de petróleo y gas en EE. UU. Esta resistencia a aprovechar dichos recursos es política y psicológica.

Entre los ambientalistas, la idea de expandir la producción de combustibles fósiles es pecado capital, ofende a su “religión”. El gobierno de Barack Obama muy frecuentemente se regocija en esta hostilidad reflexiva. Las políticas resultantes apuntan más a la satisfacción del prejuicio popular —a través de las oportunidades de fotografía y de edición del discurso— que a la satisfacción de las necesidades que tiene el país.