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Por Graciela Moreno

Las experiencias de lucha de las fábricas recuperadas argentinas sirven cada vez más para ayudar en la toma de conciencia ante la pérdida de un empleo. Cuando las cuentas no cierran y algunos empresarios optan por bajar sus brazos, los trabajadores saben que es probable otra salida. Desde mediados del año 2000, casi 100 empresas fueron resucitadas por los propios empleados. Desde el Hospital Israelita, hasta Grisinópolis, pasando por la ex Arrufat, el diario cordobés Comercio y Justicia o el hotel Bauen. No importa el sector que esté en crisis, lo que vale es la fuerza de voluntad para emprender una lucha que si bien es dura, con la probable modificación de la Ley de Quiebras se facilitará la toma del control de las empresas y fábricas en crisis, por parte de los trabajadores.

Del centenar que están en proceso de recuperación, apenas 10 han logrado pasar todas las trabas burocráticas y ya están en manos de sus trabajadores. El listado de estas cooperativas suma a Unión Papelera Platense que reúne a 80 trabajadores; Metalúrgica MVH, de Villa Martelli, con 30 obreros; Sopletes Cane Limitada con 16 empleados; la ex planta de Gatic hoy Utrasa, de Corrientes, logró recuperar el trabajo de 260 personas; La Prensa Limitada con 100 empleados en Córdoba; la ex Aurora Grundig, hoy Renacer, de Ushuaia, con 35 obreros y hasta el frigorífico J.J. Gómez de Río Negro, con 35 personas, son sólo algunos ejemplos. El resto, la mayoría, está esperando que se resuelva el tema jurídico.

La legislación vigente plantea que en caso de quiebra, el juez debe hacer un inventario, desalojar la fábrica y clausurarla dejando a sus trabajadores en la calle. La propuesta del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas (MNFR) es reformar la Ley de Concursos y Quiebras y buscar que los empleados puedan gestionar de forma inmediata y sin trabas la empresa. “En la ley actual, en una empresa en problemas, los salarios e indemnizaciones de los trabajadores sólo se pagan al 50 por ciento y sin intereses, mientras que el resto de los acreedores prendarios cobran el total de su deuda, y además son compensados. Ellos son privilegiados y el obrero que trabajó toda su vida, desde1995 está en desventaja”, reclama Luis Caro, presidente del Movimiento de Fábricas Recuperadas, abogado y ex delegado de la Pastoral de la Iglesia Católica de Avellaneda, hijo de un delegado de la UOM de la histórica Ferrum.

Pero hay otro punto que también los preocupa: “Queremos que a los trabajadores se les adjudique el establecimiento en forma directa, para que no sufran implicancias jurídicas y penales como el desalojo. Venimos haciendo estos reclamos desde el 2004, en ese momento se votó nuestro pedido en Diputados, pero no se trató en el Senado. En el 2007 se volvió a presentar el proyecto y no se trató. Ahora la Presidenta se comprometió a modificar la Ley de Quiebras 24.522”, explica Caro. La reforma permitiría que los trabajadores puedan comprar los bienes de la empresa en quiebra para asumir su gestión, ya que las deudas laborales podrían canjearse por acciones, siempre y cuando se organicen en una cooperativa.

El panorama actual es bastante incierto. Hay 5.000 fábricas cerradas, en proceso de quiebra o abandonadas en toda la Argentina. Si se reabren podrían sumarse 500 mil puestos más de trabajo. “Los trabajadores en su mayoría superan los 50 años y les cuesta mucho reinsertarse. Ahí está gran parte del aparato productivo, para generar empleo se necesita la lógica tradicional: ya hay inversión realizada, los trabajadores no necesitan capacitación, ya la tienen. Hay que estar a la altura de las circunstancias, hay que ajustar todas las decisiones políticas a la economía real. El anuncio es una necesidad”, puntualiza el presidente del Movimiento de Fábricas Recuperadas.
La primera empresa recuperada, a comienzos del 2000, fue la ex GIP Metal S.R.L. de Avellaneda, hoy Cooperativa de Trabajo Unión y Fuerza Limitada. En ese entonces tenía 54 trabajadores, hoy llegan a 104. Ahora producen el 60 por ciento de los caños de latón de todo el país y está en poder de sus trabajadores. Otra fábrica que es un ejemplo es la fábrica de insumos para heladerías ex Ghelco, ahora Cooperativa Vieytes, de Barracas. Entre todas, cuentan con un fondo solidario que hoy ronda los 200.000 pesos y cada vez que alguna cooperativa necesita una ayuda, puede recurrir y pedir un préstamo.

Otras, como la Cooperativa metalúrgica MVH, de Villa Martelli, hicieron una oferta al juzgado comercial por 450.000 pesos y la fábrica fue otorgada en forma directa, hubo una apelación, pero el juez ya confirmó la tenencia. En otro caso como el Frigorífico Torgelon, ubicado en Donato Álvarez y Gaona, donde trabajan 70 personas, el juez ya los autorizó a hacerse cargo de la explotación pagando un alquiler. Cada realidad es diferente, en el caso de Grisinópolis, en Chacarita, hoy 20 familias viven tranquilas porque saben que ya les salió la ley de expropiación y el Gobierno de la Ciudad se hará cargo de pagarles la indemnización. “El acuerdo es que el Estado expropia el inmueble y las maquinarias, se hace una tasación y se paga el valor en el Banco Ciudad. El gobierno les dona las máquinas a los trabajadores y les cede el inmueble. Los primeros tres años son de gracia, después deben pagar cuotas semestrales. A los 20 años se le transferirá la propiedad a la Cooperativa Grisinópolis”, cuenta Caro.

La única solución para el resto de los trabajadores es que la Ley de Quiebras se modifique pronto. Para que puedan volver a recuperar sus sueños y esperanzas.