Profesores amordazados

Por Pablo Sigal

Dicen que no existen, pero que las hay, las hay. En esta oportunidad el refrán no se refiere a las brujas, sino a figuras más inquietantes: las listas negras. Florencia Bozanno y Juan Astudillo, directores de la escuela de español para extranjeros Ibero Spanish School, informaron a sus pares vía e-mail los datos de treinta y ocho profesores que consideraban “no recomendados o no capacitados” y los describían como “irrespetuosos, impuntuales, con escaso compromiso ético y profesional”. El texto contenía nombres, apellidos y número de documento de cada uno. “No están capacitados para enseñar español así como también han presentado demandas o reclamos infundados en perjuicio del instituto donde trabajan. Han fundado un blog con una cantidad de ‘denuncias’ (término acuñado por ellos), por supuesto, anónimas que contiene información maliciosa y falsa de varios institutos de Buenos Aires, con el objetivo principal de que la actividad se resienta en su totalidad”, dice la carta, textualmente. El incidente revela la fragilidad de las condiciones laborales en las que se desempeñan los profesores, dedicados a una actividad en auge luego de la devaluación y el aluvión turístico sobre Buenos Aires.

“Importante: profesores no recomendados”, reza en el “asunto” el e-mail en cuestión. La difusión de nombres para vedarles el acceso a futuros empleos provocó tal escándalo que la Asociación de Centros de Español como Lengua Extranjera (Aacele) repudió las acciones de este instituto en un comunicado que afirma: “La divulgación de una ‘lista negra’ de docentes de ELE, con nombre, apellido y número de DNI, viola el derecho constitucional a la privacidad de los datos personales y nos trae a la memoria el reciente pasado de horror que ha vivido nuestro país”.

La denuncia fue motorizada por el Movimiento de Educadores y Trabajadores de Español como Lengua Extranjera (Metele), un intento de agremiación para unos trabajadores que no cuentan aún con una figura laboral que ampare sus derechos. Ante la precarización que sufrían en sus lugares de trabajo –cuando la mayoría de sus integrantes cuenta con títulos universitarios– decidieron denunciar la inestabilidad laboral, el trabajo en negro, el no pago de aguinaldo y vacaciones, la falta de obra social y ART y el desconocimiento de las licencias que prevé el estatuto del docente, entre otros puntos. Después de reunirse y discutir sus problemas difundieron afiches que sintetizaban sus reclamos.

Consultado por esta revista, Astudillo, director del instituto Ibero, relativizó las acusaciones: “Son tres o cuatro personas que volantean mentiras e insultos en la puerta de la escuela o que hacen denuncias judiciales infundadas. El e-mail que enviamos es de carácter privado. No considero que sea una lista negra, sino un listado de gente que no puedo recomendar”, señaló. Luego se llamó a silencio.

Quizá para no responder a otras acusaciones de varios ex trabajadores relacionadas con irregularidades laborales. “Al principio figurábamos en relación de dependencia, aunque una compañera descubrió que no habían realizado los aportes. Más tarde nos obligaron a renunciar para facturar como monotributistas y cobrar sólo los días que nos convocaran. Si no hay alumnos, no se cobra”, contó una ex empleada. “Iniciaremos dos demandas, una por las listas negras (ya se mandó la carta documento que pide la retractación pública) en la que interviene un abogado de la CTA. La otra es por los aportes”, cuenta otra profesora.

Alejandro Ferrari, abogado laboralista que lleva el caso, aclara que “la calificación de monotributistas de los profesores, en tanto están contratados bajo relación de dependencia (no se concibe otra posibilidad legal de prestar dicha tarea) configura fraude laboral y viola toda la legislación referente al derecho del trabajo, desde el artículo 14 bis de la Constitución nacional hasta las normas de menor jerarquía, pasando por la Ley de Contrato de Trabajo. Este fraude laboral constituye además una evasión fiscal por los aportes previsionales omitidos, además de infringir la ley al omitir aportes y contribuciones sindicales, de obra social, de ART y de seguro de desempleo”.

Con la llegada masiva de turistas extranjeros (en su mayoría europeos, brasileños y norteamericanos) y la imposición del español como una de las lenguas más importantes del mundo a nivel económico, comenzó en Buenos Aires un auge de institutos de enseñanza de español como lengua extranjera. Los turistas pagan, de acuerdo con la modalidad de estudio, hasta 400 dólares por semana, mientras que un profesor gana alrededor de 1.500 pesos mensuales. La mayoría de los profesores son estudiantes o egresados de la carrera de Letras de la UBA que se ven obligados a facturar, uno de los modos de trabajo en negro sin estabilidad laboral. “Los institutos de español para extranjeros son los parripollos de la gente de Letras”, metaforizó una profesora.

En la página web de Metele, el debate sobre las listas negras continúa. “La ‘lista’ llegó a todo el mundo y el envío ya se amplió a otras escuelas... El listado de ‘profesores/as interesantes’ ya está disponible para la mayoría de las 1.100 escuelas de español que tenemos en nuestra base de datos”, escribe en el foro un supuesto empresario del rubro.

El incidente revela la necesidad de regular una actividad en expansión para proteger los derechos de trabajadores de la educación que ven su actividad precarizada. Y pone sobre el tapete la actualidad de una práctica repudiable. Sin embargo, quizás el instituto privado Ibero posea un atenuante para justificar sus acciones: sigue en forma las directivas que el Gobierno de la Ciudad macrista ordenó en relación a los docentes porteños. Hace pocos meses pidió a los directores de los colegios que mandaran los nombres de los docentes que tomaban las escuelas o adherían a los paros. Un ejemplo lamentable.