"La jornada de hoy es un día de vergüenza para Irlanda", advirtieron.
La presentación de un informe sobre abusos a niños en Irlanda, generó hoy un escándalo entre los miembros de la Comisión sobre Abusos a Menores, que presentó el texto. Las víctimas de los ataques sexuales lamentan que, como resultado de la investigación que le ha costado al Estado más de 70 millones de euros, ningún supuesto pederasta será llevado ante la Justicia.
Durante la presentación celebrada en un céntrico hotel de Dublín, el grupo de apoyo a las víctimas "One in Four" ("Uno de cada cuatro"), consideró que "la jornada de hoy es un día de vergüenza para Irlanda". El informe sólo nombra a los individuos que ya han sido condenados por cometer abusos sexuales, a pesar de que la Comisión descubrió "casos específicos" en 216 instituciones.
Según el texto, miles de menores fueron objeto de abusos sexuales y torturas físicas y psíquicas en instituciones estatales regentadas por religiosos católicos en Irlanda durante casi 70 años.
Los abusos, una situación que el documento calificó de "endémica" en ese país, provocaron que varias generaciones de niños y niñas entregados al cuidado del Estado viviesen "a diario el terror" de los castigos corporales.
La Comisión sobre Abusos a Menores fue establecida en 2000 para aclarar numerosas denuncias de abusos sexuales ocurridos desde 1940 hasta mediados de la década de los 80 en escuelas públicas, orfanatos, centros para enfermos mentales y en otras instituciones estatales, que, en su mayoría, estaban administradas por sacerdotes y monjas de la Iglesia católica irlandesa.
No obstante, la investigación documentó casos que se remontan hasta 1914 y otros, más cercanos, denunciados en 2000, según destacó el sitio digital ABC.es.
El informe, de unas 2.500 páginas, es un catálogo de "abusos sexuales crónicos" y de maltratos físicos y emocionales infligidos "sobre miles de menores desfavorecidos, abandonados y olvidados" tanto por religiosos como por personal laico.
El texto también lanza duras críticas contra la jerarquía católica irlandesa, a la que acusa de pasividad ante los abusos cometidos por individuos reincidentes.
Entre las órdenes religiosas investigadas figuran las Hermanas de la Misericordia -a cargo del mayor número de instituciones para menores-, los Hermanos Cristianos -el principal gestor de instituciones para chicos de entre 10 y 16 años de edad- y las Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad y Refugio.
Para la Comisión, las congregaciones religiosas no tuvieron en cuenta las consecuencias que tendrían sus acciones sobre el desarrollo de los menores. Al contrario, el informe denuncia que la principal preocupación de las órdenes era "la mala publicidad y los potenciales escándalos" que se generarían si se llegaba a conocer el verdadero alcance de los abusos.
El presidente de la Comisión, el magistrado Sean Ryan, aseguró que las autoridades eclesiásticas abordaban las denuncias de abusos sexuales trasladando a los agresores a otro lugar, donde, "en muchos casos", volvían a delinquir. "El bienestar general de los niños no se tomaba en consideración", recalca el documento.