Los pasos a dar para que las empresas pasen a manos el Estado

“Para que ésta sea viable, el proyecto deberá ser debatido en ambas Cámaras del Congreso; es éste el que tiene que dictaminar si se toma la decisión de expropiar un bien que está en manos privadas”, indicó.

Esto, dijo, en acuerdo con el artículo 17 de la Constitución, cuyo texto indica que “la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley”.

Además, el Estado deberá argumentar fehacientemente cuál es la causa de utilidad pública por la que sería llevado adelante el proceso de expropiación.

Esta causa es considerada como una obra que tiene por objeto directo “proporcionar a la República en general usos o mejoras que procuren el beneficio común”, acotó el constitucionalista.

En último lugar, según Badeni, antes de tomar posesión, el Estado deberá indemnizar a los capitales privados que manejaban el objeto a expropiar que, en este caso, sería el grupo español Marsans.

El citado artículo de la Constitución, aclaró, dice que “la expropiación por causa de utilidad pública, debe ser  previamente indemnizada”.

El especialista dijo que la indemnización puede establecerse por acuerdo entre el Estado y Marsans o por la evaluación de un ente encargado de la tasación de bienes, que estipule un precio acorde a las condiciones en las que se encuentra el objeto a expropiar.

En este caso se trataría del Tribunal de Tasación, que dio una valuación negativa de u$s832 millones, es decir que no habría que pagarle nada a Marsans y, más bien, es el grupo español el que debería compensar al Estado nacional.