Por Abraham L. Gak
Abraham L. Gak
Una vez cerrado, desde el punto de vista mediático, el reclamo de los sectores propietarios de la tierra que culminó con el rechazo de la resolución 125, reapareció en los medios el tema de la seguridad. Todos sabemos que durante buena parte del 2007 y al comienzo del 2008, la inflación era el tema recurrente con que constantemente se azotaba a la opinión pública; luego se instaló el tema de las retenciones y desaparecieron de las planas de los diarios la inflación y la seguridad.
Es evidente que el planteo de la reestatización de las jubilaciones por capitalización capturadas por un número limitado de bancos, ya sea por una opinión pública previamente convencida de la necesidad de la medida o por otras que desconocemos, no merecieron una campaña descalificadora y, entonces, reaparece con toda virulencia el tema de la inseguridad.
Casualmente, una serie de hechos de violencia inusitada, con victimas pertenecientes a sectores de clase media y alta, protagonizados por chicos, han sido caldo de cultivo para una fuerte campaña promotora del endurecimiento en el tratamiento de esos sectores juveniles. Basta ser testigo presencial de la detención en un asalto frustrado protagonizado por algún menor para escuchar las más rotundas y crueles expresiones en el sentido que debería aplicarse mucho más severamente el tratamiento penal de los mismos.
Las desafortunadas expresiones de la señora Presidenta al referirse al tema corrobora la fuerte dependencia de los actores políticos a los humores de la opinión pública fogoneada por los medios.
Dentro de esas claudicaciones deberíamos contabilizar la propuesta del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, en el sentido de que debe reducirse la edad de imputabilidad para el juzgamiento de los delitos que tengan por origen las acciones delictuosas de menores.
En la reciente entrevista a un medio la desplazada subsecretaria de Niñez y Adolescencia bonaerense, Martha Arriola, asume la defensa de los menores planteando la necesidad de utilizar todas las herramientas de que dispone el Estado para enfrentar esta problemática, sin la necesidad de la aplicación temprana de las leyes penales.
Es evidente que Martha Arriola se identifica con los criterios que priman tanto en la academia especializada como en los foros internacionales, ya que la actitud de los adolescentes está fuertemente influenciada por las condiciones sociales y económicas en las que se ha desarrollado su niñez y juventud. Desde luego, tiene la legislación nacional como aliada, en particular, la ley de promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
El tema en sí no es simple de resolver, pues las cicatrices y heridas abiertas en los jóvenes condicionan sus actitudes y posibilidades físicas y psicológicas, requiriéndose, por lo tanto, no sólo urgentes recursos materiales, sino también la presencia de expertos especializados en una tarea de acondicionamiento a su vida en sociedad.
PERIPLO. En un apartado muy interesante, pero muy doloroso, la licenciada Arriola relata una experiencia muy ilustrativa, que me permito transcribir in extenso : Nació el 2 de junio de 1990. Cuando comenzaba la década del vendaval neoliberal. El 11 de diciembre de 1996 un juez dispone su internación junto a sus seis hermanos. Edades de los chicos: entre 2 y 9 años, aproximadamente.
El informe de un psicólogo del entonces Consejo del Menor y la Familia da cuenta que los chicos están bajo crisis de angustia porque, según su relato, fueron abandonados por la mamá y no saben por qué. Hay varios informes y movimientos. Uno, del 3 de febrero de 1997 refiere que él “vive en una villa de emergencia. La madre en el día de la fecha solicita la intervención a causa de malos tratos del padre. Presenta lesiones en la espalda y quemaduras de cigarrillo”.
Los hermanitos pasan por distintos institutos. Su primera “fuga” fue el 2 de julio de 1997, acaba de cumplir 7 años. Al día siguiente se solicita al jefe de policía su captura. El 18 de julio es capturado, junto con otro chico fugado, y se los interna en otro hogar. Se fuga. Desde 1997 a 1999, se produce una serie de fugas, capturas, traslados. El 3 de marzo de 1999, el equipo técnico del registro realiza un informe donde señala: “En la entrevista se muestra totalmente reactivo, no responde preguntas y amenaza con fugarse. Usa los crayones y hace un dibujo. Parece un niño inteligente, que agrede y transgrede todo el tiempo, con una evidente ambientación callejera. Alcanza a decir que quiere estar con sus hermanos…”.
Se fuga. El 6 de noviembre de 1999, la policía solicita al director de Admisión de Menores, por disposición del Tribunal de Menores, que lo aloje en algún instituto, se le “instruyen actuaciones por infracción al artículo 10, ley 10.067”. El 15 de noviembre de 1999, se informa al tribunal su fuga. Termina la década.
El 12 de junio de 2000, se dispone nuevamente su internación. La historia se repite. El 9 de febrero de 2001, poco antes de que el país se derrumbase con el terremoto de diciembre, se produce un informe profesional del Tribunal: “10 años, internado desde 8/2/2001 por trastornos adaptativos”.
“Lúcido, coherente, colaborador. Antecedentes de consumo de cocaína y marihuana. Personal de enfermería refiere: hiperquinético, agresivo y no acepta límites”. Por el informe también podemos saber la medicación que le suministran: “Tegretol 200 mg (3c), Rivotril 2 mg (3c) y Nozinam 25 mg (1 y medio c)”. Recibió, además, Etumina, Fenergan, Ampliactil. El diagnóstico: enfermo mental, reviste forma clínica de trastorno adaptativo. Debe permanecer internado. Va y viene, a través de distintas disposiciones, de clínicas a institutos. El 18 de octubre de 2002, el tribunal dispone su internación en un instituto “teniendo especial consideración de que padece patología adictiva al pegamento”. Vuelven las fugas y recapturas. Para el 2003, ya se dispone su internación en un instituto cerrado.
Tiene 13 años. Ha pasado de lo “asistencial” a lo “penal” sin que se diera cuenta casi. Se basan en la conducta delictiva que ha comenzado a manifestar. Tentativa de robo calificado. “Dada peligrosidad para sí y para terceros, cantidad de hechos delictivos, gravedad de los mismos y reiteradas fugas de institutos y centros de contención”. El 31 de julio de 2006, se realiza una interconsulta psiquiátrica: “Se considera al joven débil mental, en estado agudo -enuresis y encopresis- que intentó suicidarse con una sábana”. Tiene 16 años.
VÍCTIMA. En este periplo que se relata, este niño que junto con sus seis hermanos es abandonado por su madre, a su vez golpeada por su padre, se transforma en la víctima de un proceso en el que es sancionado por todos los adultos que intervienen en sus 16 años de vida, y que a los 9 años de edad lo califica como un chico inteligente aunque fuertemente trasgresor. Tras siete años de tratamiento por parte del “sistema” termina siendo considerado un joven débil mental, con inclinaciones suicidas. Podríamos decir que la política de control social ha sido exitosa. Ese joven ya no va a incurrir en nuevas trasgresiones. Desde luego, va a ser profundamente infeliz.
Ahora bien, en este relato, bastante pormenorizado, hay un actor social que no aparece: la escuela. Parecería que esta institución socializadora, reguladora y promotora de libertades fue eliminada, tal vez por innecesaria, en el tratamiento de un caso que por experiencia sabemos que no es único.
La permanencia en la escuela de los niños no garantiza una vida socialmente útil, pero consideramos que es la única que puede ofrecer una alternativa diferente a la propuesta de judicializar para controlar la insubordinación a un destino cruel y aciago.
Por último, nos tememos que esta centralidad que ha tomado la discusión sobre el futuro o el destino de muchos niños, niñas y jóvenes, que por razones ajenas a ellos se ven excluidos, estigmatizados y perseguidos por la población adulta, se transforme en una confrontación entre los dos sectores (jóvenes y adultos), que puede obligar a los primeros, como una respuesta solidaria, a consolidar actitudes que lejos de reducir su presencia en el delito, por lo contrario, se transforme en un acicate para participar en el mismo.
Los adultos no debemos rehuir a la responsabilidad que nuestra condición como tales nos obliga, y no elegir una ruta que parece más lineal y simple en el corto plazo, pero que puede afectar en un futuro no lejano aún más la segmentación social y alejar la posibilidad de tener todos una vida justa y solidaria.
Abraham L. Gak
Profesor honorario de la UBA
Ex rector del Carlos Pellegrini