Por Carlos Romero
No importa cuántas veces repita ante las cámaras lo poco que sabe sobre los negocios que su marido se llevó a esa tumba improvisada en un zanjón de General Rodríguez. Para la Justicia, Solange Bellone, la viuda del empresario farmacéutico Sebastián Forza, aún tiene mucho por aclarar. Sucede que tras el asesinato de su esposo, todas las sospechas sobre posibles manejos turbios en las empresas de la pareja recayeron en Bellone. Incluso en causas que no se ligan directamente al triple crimen, pero que sí vuelven sobre un punto clave en toda esta trama: el robo y la venta ilegal de medicamentos. Un mercado negro que mueve millones de pesos al año, que es muy anterior a la “novela de la efedrina” y donde los “proveedores” son piratas del asfalto.
El miércoles 12 de noviembre, Bellone volvió a dar explicaciones sobre los negocios que tenía con Forza: prestó declaración indagatoria en el marco de una causa originada allá por 2006, cuando la droguería ABC fue objeto de un asalto tipo comando. El 26 de noviembre de ese año, un grupo de ladrones sustrajo de sus depósitos un botín que vale oro: 33.000 unidades de distintos fármacos muy específicos, destinados al tratamiento de “patologías crónicas de alto costo”, como los que utilizan pacientes hemofílicos, con HIV o enfermos de cáncer. Según ABC, lo robado superaba los 5.000.0000 de pesos.
El nombre de la viuda, junto al de otras empresas ligadas a lo sucedido en General Rodríguez, comenzó a sonar en los tribunales de Talcahuano cuando se abrió una investigación paralela, un “legajo de medicamentos” que buscó rastrear el destino de los fármacos sustraídos. La pista llegó hasta Bellone y Forza: en su droguería se halló parte de lo robado.
Se trata de un nuevo frente judicial que se activa para la viuda y que, por el tipo de hechos investigados, podría llegar a sindicarla como autora de encubrimiento agravado. Un delito que en el Código Penal tiene una condena que va de uno a seis años de cárcel.
En Negro. La causa, caratulada como “Carbone Gustavo y otros s/robo con armas”, está radicada en el Juzgado Penal de Instrucción Nº 8, a cargo de la jueza Susana Yamile Bernan, Secretaría Nº 125. Según consta en el expediente, el día del robo, a las 7 de la mañana, un grupo de delincuentes uniformados ingresó al local que ABC tiene en la avenida Garay 4138 y, tras reducir a los guardias, vaciaron de mercadería los estantes. Para esa faena, los asaltantes utilizaron armas de grueso calibre y cuatro vehículos.
Como se dijo, junto a los señalados como supuestos autores materiales –en total, nueve personas que integrarían una banda de piratas del asfalto especializada en el robo de medicamentos–, también existe un extenso listado de droguerías y farmacias que están sospechadas de haber introducido al mercado estos costosos fármacos de origen ilegal.
Las empresas quedaron en la mira de la Justicia cuando, tras una serie de allanamientos e inspecciones, no pudieron reconstruir de manera convincente la “trazabilidad” de la mercadería que poseían, es decir, la ruta desde el laboratorio hasta el consumidor final.
“Se trata de medicamentos muy particulares, de precio muy abultado. No los puede vender cualquiera”, explicó a Veintitrés un abogado vinculado a la investigación.
Entre esas firmas sospechadas figura Baires Med, el nombre de fantasía de la droguería que Bellone y su esposo manejaban con su empresa Seacamp SA. La misma que, al momento de su muerte, tenía a Forza como director suplente y a Bellone de presidenta, y que lucía un “rojo” intenso: 470 cheques rechazados por varios millones de pesos.
Fuentes cercanas a la causa aseguraron a esta revista que entre los fármacos sobre los que debe dar cuenta Bellone figuran los conocidos comercialmente como Avonex –del laboratorio Abbott, para casos de esclerosis múltiple–, Herceptin –de Roche, usado en el cáncer de mama– y Erbitux –de Merck Química, empleado en la lucha contra el cáncer–. En su momento, ABC había informado en una solicitada que en el episodio de 2006 le fueron sustraídas 8 unidades de Avonex, una de Herceptin y 395 de Erbitux 100, todos productos con precios de venta que en el país rondan los 10 mil o 20 mil pesos.
La trama tuvo su origen cuando, durante un allanamiento, se detectó parte de lo robado a ABC en la droguería Oncolife, que a su vez le había comprado a Forza y Bellone.
El pasado 26 de septiembre se presentó a declarar la farmacéutica Gilda Otilia Herrera, que al momento de los hechos era la directora técnica de Baires Med, pero que el pasado 30 de abril pegó el portazo, en medio de las sospechas desatadas tras la muerte de su antiguo jefe. En sus dichos ante la Justicia, Herrera habría dejado en claro que era Bellone quien llevaba adelante el manejo real de la empresa. El testimonio fue convincente: la viuda de Forza estaba llamada a declarar este 30 de octubre, pero faltó a la cita. Su abogado, Rubén Ramírez, explicó a Veintitrés que no les llegó la notificación.
Finalmente, este miércoles Bellone visitó el juzgado de Bernán –que se encuentra en uso de licencia–. En los Tribunales, la viuda ensayó una doble defensa: por un lado, repitió que era su marido quien se ocupaba de la compraventa de medicamentos y que ella sólo llevaba adelante la parte administrativa. “Solange hacía los papeles. Revisaba la legitimidad o no de esas compras”, detalló Ramírez. En segundo lugar, la viuda dijo que los remedios cuestionados los adquirieron de otras dos droguerías y para respaldar sus dichos habría presentado papeles que ahora son objeto de estudio en la causa.
“Las dos droguerías que nos vendieron están funcionando”, se excusó Ramírez, que fue abogado de Seacamp mucho antes de que el triple crimen y el escándalo de la efedrina jaquearan a la pareja. Los dichos de Ramírez apuntan a que, según ANMAT, una de las dos firmas que señaló Bellone estaba inhabilitada al momento de la transacción (había sido suspendida en agosto de 2006). Pero el abogado lo desmiente y asegura que eso nunca les fue notificado. “Nosotros presentamos en el juzgado un documento sobre esa droguería donde al día de hoy figura como habilitada”, se defendió Ramírez.
Más negro. En la misma lista donde figura Seacamp también aparece otro nombre conocido para quienes siguen de cerca el caso de los asesinatos de General Rodríguez: Unifarma SA, la droguería que dirigía Ariel Vilán, el joven que se suicidó en agosto pasado, acorralado por las presiones y las sospechas que se desataron después de que fueran encontrados los cuerpos sin vida de Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina.
En Unifarma, Vilán tenía un socio estratégico: el empresario Martín López Magallanes, el mismo que años atrás había compartido proyectos farmacéuticos con Sebastián Forza. De hecho, la esposa de López Magallanes, Gabriela Faraldi, supo integrar durante un tiempo el directorio de Seacamp, junto a Bellone y el propio Forza. Pero el trato entre estos hombres de negocios se fue resquebrajando y terminó en una áspera lucha judicial.
Según supo esta revista, a Unifarma se la investiga especialmente por un fármaco de nombre Kaletra, empleado en el tratamiento del VIH/Sida. En 2006, ABC denunció que le fueron sustraídas 114 unidades de esa droga, en cápsulas de 180 gramos.
Pero esta no es la única investigación sobre medicamentos que debería preocupar a los dueños de Seacamp y Unifarma. En la causa que lleva adelante el juez federal Norberto Oyarbide, del juzgado Criminal y Correccional Nº5, donde están centralizadas varias denuncias por “comercialización ilegal de medicamentos”, también figuran mencionadas estas dos empresas. En el expediente de Oyarbide, el damnificado es el Ministerio de Salud de la Nación y se indaga en la venta ilegal de remedios destinados originalmente a planes gratuitos, como el “Programa Nacional del Sida”. Por estos hechos, y tiempo antes de los asesinatos sucedidos en General Rodríguez, quedaron en la mira Seacamp y Unifarma.
En los distintos organismos del Estado encargados de controlar el mercado farmacéutico, los nombres de estas dos droguerías son casi un lugar común. Por citar un ejemplo clave, en su informe 185/06, expediente 1-47-1110-937-06-5, la ANMAT concluyó que se les debía iniciar un sumario, en el marco del Programa de Pesquisa de Medicamentos Ilegítimos, por su vinculación con mercadería que pertenecía a ABC. El informe data del 12 de diciembre de 2006, es decir, a pocos días del robo. Faltaba más de un año para que sucedieran las muertes aún no esclarecidas de Forza, Bina y Ferrón. En todo ese tiempo, y a pesar de las sospechas acumuladas, el negocio farmacéutico de Bellone y su esposo siguió en marcha.
Pero desde que una cámara tomó por primera vez los tres cuerpos abandonados en General Rodríguez, todo se aceleró para Solange. Quizás aún no haya tenido tiempo de hacer un duelo por la pérdida sufrida. La Justicia tiene demasiadas preguntas para hacerle. Y ella, algunas respuestas que dar.