Por Lucas Cremades
Desde que la inseguridad se generalizó como síntoma social, las agencias de seguridad privada registraron un crecimiento constante. En la Argentina hay 130 mil agentes. En sus filas revisten policías retirados, otros exonerados de la fuerza y algunos ex convictos que, cuando vestían uniforme policial, fueron acusados por la Justicia de haber participado en casos de gatillo fácil.
En su edición del 10 de julio, Veintitrés presentó en tapa a Ángel García, secretario general de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina y mano derecha de Luis Barrionuevo al frente de la nueva CGT opositora Azul y Blanca. A ambos los une el sindicalismo y la pasión por el fútbol. Así como el gastronómico fue presidente del club Chacarita Juniors; García dirige la Asociación Deportiva Berazategui (ADB).
El vigilador se rodeó en la comisión directiva del club de gente de su mayor confianza, entre ellos el ex policía y ex convicto Jorge Daniel Paz, fanático de Berazategui y vicepresidente de la subcomisión de fútbol. La relación entre ambos nació en los noventa, años en que la Bonaerense se ganó el título de “la maldita policía”. Para entonces, Paz ya trabajaba en agencias de seguridad. Años después, en el 2004, cuando el ex comisario inspector inauguró “Elite Agencia de Investigaciones y Seguridad Privada S.R.L.”, la relación entre García y él se había consolidado. Paz se movía por el club con absoluta tranquilidad y lo siguió haciendo después de que el periódico Realidad, de Berazategui, publicara parte de su historial en el que señaló que había “un comisario de gatillo fácil en la ADB”. Denuncia, por cierto, que no desveló a Paz, quien en una radio partidaria sostuvo que aquella historia de Monte Chingolo “fue un error, ya prescripto, en el que no tuve nada que ver”.
El error del que habla Jorge Daniel Paz data del 15 de octubre de 1986, cuando dos jóvenes aparecieron fusilados en un descampado de la localidad bonaerense de Monte Chingolo. Se llamaban Miguel Paulinelli y Héctor Puccio. Las primeras investigaciones sostuvieron que los decesos fueron a causa de un tiroteo contra el comisario Paz y los oficiales César “El Pollito” Ahumada y Martín Aguilera, que primero fueron detenidos, luego sobreseídos y más tarde reincorporados a la policía y premiados con ascensos. Pero una década más tarde, la investigación se reabrió a partir de fuertes contradicciones y entrecruzamientos surgidos por casos de corrupción policial.
Una de las claves que reactivó la causa estuvo vinculada al atentado a la AMIA en julio de 1994. El entonces juez Juan José Galeano centró sus pesquisas sobre escuchas telefónicas al ex comisario Juan José Ribelli, quien fue detenido (luego juzgado y absuelto) como presunto partícipe necesario del ataque contra la mutual judía. En esas escuchas que se incorporaron al expediente de AMIA, los investigadores detectaron una conversación que habrían mantenido Ribelli y el entonces jefe de los Servicios Especiales de Investigaciones Técnicas (SEIT), Raúl Torre –hoy reconocido criminalista– en la que el primero exigiría que “las vainas que se encontraron en Monte Chingolo de ningunísima manera pueden corresponder a las armas de los imputados”.
Ribelli habría buscado contrarrestar una investigación que tenía cercados a sus camaradas. Los jóvenes asesinados habían sido detenidos en un barrio de Temperley a plena luz del día. No estaban armados. No se resistieron al arresto. Pero igual fueron fusilados.
Una vez heridos, los subieron a un vehículo que recorrió veinte cuadras hasta un paredón de las afueras de Monte Chingolo, donde fueron rematados. Lo que siguió fue igual de macabro: los uniformados pretendieron entregar los cuerpos en la clínica de Monte Chingolo pero los médicos no lo aceptaron: “Están muertos, háganse cargo ustedes”, dijeron a los policías, que decidieron abandonar los cadáveres tirados frente a la clínica.
Como tantas veces, la masacre intentó ocultarse con un lugar común: muertes ocurridas durante un enfrentamiento. Pero numerosos testigos desmintieron la versión policial ante la Justicia.
Frente a esta acusación, la única salvación de los uniformados era que una pericia plantada desacreditara la versión de los testigos.
El caso estaba por cerrarse, pero una vez que Ribelli y sus hombres fueron detenidos por orden del ex juez Galeano, las escuchas telefónicas sonaron en la televisión.
Y una copia de la conversación llegó a un juzgado de Lomas de Zamora, por lo que Ribelli y Torre fueron investigados. El expediente, en manos del juez lomense Emilio Villamayor, avanzó cada vez más lento hasta que fue robado sin que se forzara ninguna cerradura. Por lo que la causa pasó sin pena ni gloria a otro despacho y terminó en el olvido.
Con el misterioso hurto del expediente, la “masacre de Monte Chingolo” recién pudo ser reconstruida diez años después. Antes, el miedo lógico de los testigos de los fusilamientos, tras sufrir atentados en su contra, los silenció. Finalmente, en 1997, otro juez, Ricardo Lanza, sentenció a reclusión perpetua a los tres policías.
Para ese momento Paz y los dos oficiales fueron capturados y detenidos en una sede policial, de la que el ex comisario inspector escaparía raudo gracias a una ayudita de sus amigos camaradas.
El entonces ministro de Seguridad, León Arslanián, llegó a ofrecer una recompensa de 30 mil pesos-dólares por datos que permitieran su captura.
Al fin, en marzo de 1998, el periodista Alberto Moya, del quincenario local Decisión, lo encontró saboreando café en una estación de servicio mientras aguardaba a que le lavaran una lujosa 4x4 Mercedes-Benz. Lo curioso es que lo hacía justo frente a la Subdelegación de Investigaciones de la policía que, se suponía, debía detenerlo.
Siete meses más tarde, luego de un accidente automovilístico en una zona rural de Berazategui, Paz se negó a entregar su documento para ser identificado. La resistencia le valió regresar a prisión. En ese ínterin, Aguilera, otro de los policías acusados, lograba escapar, también, gracias a las manos amigas bonaerenses.
El ex inspector Paz fue condenado a perpetua durante el juicio y quedó detenido en la Unidad 24 de Florencio Varela durante 4 años y 5 meses. Hasta que el 27 de febrero del 2003 recuperó su libertad gracias a una defensa que incluyó la sentencia en la Cámara de Casación, invocando la razonabilidad del tiempo de la prisión preventiva y el principio de inocencia. Debilidades de una Justicia que dejó a Paz sin cumplir su condena por asesinato y en libertad.
Actualmente, Jorge Daniel Paz camina tranquilo por las calles de Berazategui. Acaba de comprar toda la programación de una FM local, donde aprovecha para publicitar su spa de belleza corporal “Donna Bella”. Como si esto fuera poco, meses antes de que Veintitrés presentara al presidente del club, Ángel García, como “El jefe del ejército de Barrionuevo”, el ex comisario inspector solía hacer de agente de seguridad en el estadio de la ADB. Algo que enardeció a los simpatizantes del club, quienes no tardaron en dejar sus opiniones en los foros de Internet del club.
Una de ellas, ilustra el cierre de esta nota: “En estos cuatro años se corrió al socio común, al hincha. Todas son caras extrañas. Nos llenaron de policías en actividad, retirados, echados. La revista Veintitrés dice que son 170.000 en blanco y 30.000 en negro, son un ejército, tienen mucha plata. Pero Berazategui es de su gente, de sus hinchas, no de los mercenarios”. ¿Qué habrán querido decir?